Hola, pedalistas.
Hoy les traigo una historia tristemente explosiva.
Colombia es el segundo país con más víctimas de minas antipersonas en todo el mundo, después de ese otro polvorín llamado Afganistán. Nuestros números erizan la piel más curtida: hasta noviembre del año pasado contábamos más de 12 mil víctimas, y 2336 murieron tras el estallido. De cada cinco víctimas, una muere. El 60 por ciento de los afectados pertenecen a la fuerza pública, y el 40 por ciento restante son civiles: gente que no tenía nada que ver. La herencia del minado tras décadas de guerra nos deja una geografía peligrosa: no hay en Colombia un solo departamento sin accidentes.
Para contar una parte de esta historia violenta fui hasta Pajarito, un pueblo de Boyacá ubicado en la frontera con Casanare. Allí hay campesinos que todavía caminan con miedo, porque las guerrillas sembraron el fuego en sus tierras después de usarlas para acceder a Bogotá.
En esta ocasión pedaleamos poco: menos de 20 kilómetros. Pero compensamos con casi cuatro horas de caminata por el piedemonte llanero de la Cordillera Oriental, junto al Páramo de Toquilla. Jadeamos por varios senderos, entre escuelas abandonadas (los más jóvenes no quieren saber nada del campo), montañas con cultivos (café, maíz, caña) y vacas parsimoniosas que también corren el riesgo de volar en cada paso.
La primera vez que abordé este tema fue a fines de 2016, cuando escribí mi primera historia para The New York Times. Rumbo a Anorí, Antioquia, vi grafitis con advertencias de las guerrillas: “Ejército = sin piernas”. En un campamento donde las antiguas Farc se habían concentrado tras la firma de la paz, entrevisté a “Ánderson”, comandante del frente 36. Bajo una carpa, rodeados de fusiles, hablamos sobre las minas y se mostró incómodo.
—Era el único medio y nos tocó aplicarlo. El Estado aplicó bombardeos indiscriminados; el ejército se emboscaba en el monte o en zonas de población civil y nos atacaba. Las minas eran un riesgo para nosotros y para los civiles, porque nosotros también tuvimos accidentes —se justificó.
Esa misma tarde, de vuelta en el casco urbano de Anorí, conocí a Romero Restrepo, un soldado de 31 años que sobrevivió después de pisar un artefacto explosivo. Desde una silla de ruedas, Romero me mostró en su teléfono un video grabado justo luego del accidente. Así describí aquella escena:
“Romero Restrepo está desbaratado. Su cuerpo yace tendido sobre el pasto, su brazo izquierdo apenas sostiene la mano; su pierna derecha es un girón de piel. Medio rostro está quemado y él levanta la cabeza mientras pide ayuda. Encima, otros tres soldados luchan para brindarle primeros auxilios. Al fondo se oye un helicóptero de rescate que por fin está llegando”.
Romero era experto en explosivos y enfermero militar. Muchas veces tuvo que asistir a otras víctimas, hasta que llegó su turno.
—Esa mañana estábamos limpiando la zona. Yo ya había pasado por encima de la mina, sin saber que estaba, y me devolví. Pisé con el pie derecho y pum. Pero yo no le guardo rencor a esos manes de la guerrilla; que los juzgue Dios—me dijo sentado en la sala de su casa, antes de despedirnos.
Ahora la guerra con las extintas Farc ha cesado, pero sobreviven otros grupos ilegales. En los días del combate algunos guerrilleros, cuentan familiares de sus víctimas, se atrevieron a cobrar las minas que pisaron los infortunados. El argumento: esos aparatos no fueron fabricados para ellos, sino para los militares. En cada explosión las guerrillas perdían una inversión bélica.
Para detener algún día este horror, varias organizaciones civiles y dos divisiones militares trabajan hoy en el despeje de muchos territorios que siguen sembrados por todo este país. La Campaña Colombiana Contra Minas, el grupo que me recibió en Pajarito, existe desde 1999. Pero sólo en 2016, con el Acuerdo de Paz, sus profesionales pudieron empezar el desminado humanitario.
Álvaro Jiménez, director nacional de la Campaña, cuenta ahora que las disidencias de las antiguas Farc, y otros grupos como el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional, siguen usando minas en las zonas que controlan. Por ejemplo, en Meta y Caquetá el desminado no avanza al ritmo necesario porque las amenazas continúan. Allí los violentos han quemado vehículos de varias organizaciones.
Además nuestro conflicto, ahora más irregular y fragmentado, hace que el dominio de muchas zonas cambie de manos con frecuencia: hoy no se sabe quién mandará mañana. Esto, explica Álvaro, también afecta las labores; pues no hay interlocutores ni reglas claras.
Colombia suscribió la Convención de Ottawa, que prohíbe el uso de minas antipersonas, en el año 2000. Desde entonces nuestro país ha pedido prórrogas para cumplir su compromiso y declarar el territorio nacional libre de estos artefactos. La nueva fecha es 2025, pero ya es evidente que tampoco entonces lo vamos a lograr. En zonas como Arauca y Catatumbo, donde los enfrentamientos continúan, es imposible realizar tareas de despeje.
—No se va a alcanzar la meta, pero vamos a avanzar de manera significativa —dice Álvaro Jiménez—. Quienes estamos involucrados en la acción integral contra minas, sabemos que la superación de este problema solo se dará cuando termine la violencia.
Por eso urge una paz genuina.
Mientras tanto solo habrá seguridad relativa en las ciudades. Los colombianos que habitan las zonas rurales, más de 11 millones, tendrán que caminar unos años más con esta incertidumbre. Si es tu caso y vives en el campo, fíjate bien dónde pisas.
Adenda: distintos grupos paramilitares siguen sembrando minas y artefactos explosivos improvisados. El Ejército de Colombia también usó esta arma de guerra hasta 1999. Luego destruyó sus arsenales en 2001 y 2005.
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Hasta la próxima.
Fíjate bien dónde pisas